Mi vida por una tarjeta sanitaria

Con la entrada en vigor de la Reforma Sanitaria en abril de 2013, a Aïcha, y a cerca de 750 mil personas en situación irregular, se les arrebató el derecho a recibir asistencia médica de forma  gratuita. Según acudían a sus centros médicos les fueron retirando sus tarjetas sanitarias. La universalidad del sistema sanitario impulsada en 1986 había saltado por los aires.

En marzo el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció que las personas migrantes volverán a tener acceso a la atención primaria. Pero aún no se sabe en qué se concretará la medida, y Aïcha sigue sin la tarjeta que le permitiría tratar su enfermedad.

El informe que acaba de presentar Amnistía Internacional “ Sin tarjeta, no hay derecho” documenta múltiples casos en centros de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana en los que se  emiten facturas o compromisos de pago por las atenciones en urgencias. Muchas veces, sólo la labor de acompañamiento de organizaciones como  Médicos del Mundo o  Yo Sí Sanidad Universal ha impedido que se cobraran algunas de esas facturas.

Varias Comunidades Autónomas rechazaron aplicar la reforma. En cambio, el gobierno de Baleares pareció tener tanta prisa en ponerla en marcha que incluso adelantó su entrada en vigor con trágicas consecuencias. En otras Comunidades no sólo se ha aplicado la reforma con toda su dureza, sino que en ocasiones ni siquiera se han respetado esos paréntesis de humanidad (mantener la atención de las urgencias, así como a  embarazadas y menores) dentro de una normativa inhumana.

“Tú no existes”

Alicia tiene tos crónica, pero desde 2013 no tiene tarjeta sanitaria. Sólo gracias al apoyo de Médicos del Mundo consiguió realizarse una prueba y descartar que tiene tuberculosis. Pero esa tos persistente podría ser síntoma de otros problemas más serios, como un tumor pulmonar. Pero al no disponer de tarjeta sanitaria le deniegan unas pruebas que en un momento dado podrían salvarle la vida.

Mila, una de las cientos de miles de personas a las que les fueron retiradas sus tarjetas sanitarias. AI.

Como Alicia, Mila vive en la Comunidad Valenciana, una de las que con mayor dureza ha aplicado la reforma sanitaria. Mila, de 37 años, llegó a España desde Venezuela en 2006. Su marido tenía permiso de residencia y ella trabajaba como cuidadora infantil. En 2011 se quedó embarazada, y perdió su trabajo. No consiguió renovar su permiso de residencia. Dos años después, le retiraron la tarjeta sanitaria cuando fue a tratarse de una lumbalgia.

El 9 de julio de 2014, Mila tuvo un sangrado. Fue a urgencias del Hospital de Denia (Alicante), donde le informaron de que si le atendían debería abonar 180 euros. Ella se negó y una amiga médico le confirmó que había llegado el deseado embarazo. El 14 de julio Mila volvió  a sufrir un sangrado. Esta vez le atendieron sin problemas en urgencias, le advirtieron de un riesgo de aborto y le citaron para una consulta. Un día después, Mila recibió una llamada anónima que le avisaba que si volvía al hospital tendría que pagar no sólo esa visita sino la atención en urgencias.

“¿No entiendes que tú no existes en España?”, asegura que llegaron a preguntarle desde el otro lado del teléfono. Mila canceló la visita. Dos semanas de angustia después, tras superar un laberinto burocrático, volvió a conseguir una cita. Ahí le confirmaron que había tenido un aborto. El Hospital afirma no saber nada de la llamada. Tras dos semanas sumida en la tristeza decidió denunciar su caso en los medios de comunicación. Meses después, consiguió recuperar su tarjeta sanitaria.

Historias como la de Mila muestran hasta qué punto la reforma sanitaria, además de vulnerar derechos humanos por sí misma, ha venido acompañada del caos administrativo y la arbitrariedad. Las personas afectadas y los propios profesionales sanitarios llevan 3 años denunciando falta de información en su aplicación.

El resultado: cientos de miles de personas han tenido que preocuparse de si iban a recibir tratamiento cuando les dolía algo, se sentían enfermas, o les diagnosticaban una enfermedad. Y nunca sabremos cuantas de ellas dejaron de ir a un centro médico debido a esa incertidumbre. Al Gobierno este dato no le parece que merezca la pena ser estudiado.

Sin tarjeta sanitaria, este colectivo ha visto cómo el derecho a recibir asistencia sanitaria dependía de la gestión de cada centro, o del heroísmo de los profesionales sanitarios. Incluso en las Comunidades Autónomas que se han opuesto a la implantación de la reforma.

Quizás lo más sorprendente en este tema es que muchos de los que defienden esta medida, o proponen limitaciones similares al derecho a la salud, suelen añadir queellos están a favor -¡faltaría más!- de la sanidad universal. Aunque luego añaden un pero… Me encantaría algún día presentarles a Aïcha , a Alicia, a Mila, o alguna de las otras cerca de 750 mil personas que viven en este país sin derecho a la atención sanitaria y que les expliquen por qué les han quitado una tarjeta que puede salvarles la vida. Será que para ellos ni siquiera forman parte del universo.

Artículo publicado en el blog de Amnistía Internacional en El Diario.